María Lancha
EditorGanar metros cuadrados, proteger la vivienda del frío o integrar el exterior con el interior, son algunos de los motivos más habituales por los que muchos propietarios deciden cerrar la terraza de su casa. Es rápido, una medida inteligente y muchas veces incluso un acto automático que se hace sin pensar.
Sin embargo, cuando se vive en una comunidad de vecinos, este tipo de reformas no dependen únicamente del gusto personal ni de las tendencias en decoración. La ley establece límites claros para preservar la estética del edificio, su seguridad y la convivencia entre propietarios.
En España, la norma que regula este tipo de situaciones es la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que marca qué actuaciones están permitidas y cuáles requieren el consentimiento de la comunidad.
Reformar sí, pero con límites
La Ley de Propiedad Horizontal reconoce el derecho de cada propietario a realizar obras dentro de su vivienda, siempre que estas no afecten a elementos comunes ni causen perjuicio al resto de vecinos. Así lo recoge el artículo 7.1, que permite modificar elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios del piso o local, pero siempre bajo una condición fundamental: que la intervención no altere la estructura del edificio, no comprometa su seguridad ni modifique su configuración exterior.
Y aquí es donde entra en juego el cierre de terrazas. En la mayoría de los edificios, la terraza forma parte de la fachada, un elemento común cuya apariencia debe mantenerse uniforme. Por este motivo, cerrar una terraza suele considerarse una obra que afecta directamente al conjunto del inmueble, tanto desde el punto de vista estructural como estético.
En consecuencia, este tipo de reforma no puede realizarse de manera unilateral. Para llevarla a cabo legalmente, el propietario debe contar con la autorización expresa de la comunidad de vecinos, normalmente aprobada en junta.
Cuando el problema ya está en marcha
El conflicto aparece cuando un vecino decide iniciar las obras sin pedir permiso o sin haber obtenido el acuerdo necesario. En estos casos, el resto de propietarios no solo puede oponerse, sino que está plenamente amparado por la ley para exigir la paralización de la reforma.
La LPH establece un procedimiento claro para actuar cuando se realizan obras no autorizadas que afectan a elementos comunes o vulneran los derechos del resto de vecinos.
El primer paso debe partir del presidente de la comunidad, ya sea por iniciativa propia o a petición de cualquier vecino. Su función es requerir formalmente al propietario infractor para que detenga de inmediato las obras, advirtiéndole de las posibles consecuencias legales si persiste en su actuación.
Si el vecino ignora este aviso y continúa con el cierre de la terraza, será necesario convocar una junta de propietarios. En ella, la comunidad deberá decidir si autoriza al presidente a iniciar acciones judiciales para defender los intereses comunes.
Una vez adoptado este acuerdo, se puede interponer una acción judicial de cesación, acompañada del requerimiento previo y del acta de la junta. Durante el proceso, el juez puede ordenar la paralización inmediata de las obras como medida cautelar, e incluso imponer sanciones si se desobedece la orden.
Las consecuencias de una reforma ilegal
Si la sentencia da la razón a la comunidad, el propietario infractor puede enfrentarse a consecuencias importantes. Además de la obligación de cesar definitivamente la obra y devolver la terraza a su estado original, el juez puede imponer una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
En los casos más graves, la ley contempla incluso la privación del derecho de uso de la vivienda o local por un periodo de hasta tres años, en función de la gravedad de la infracción. Si quien realizó la obra no es el propietario, sino un inquilino u ocupante, la sentencia puede llegar a extinguir sus derechos sobre la vivienda.
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