María Lancha
EditorMaría Marcuello puede respirar tranquila después de casi dos años de incertidumbre. Esta propietaria zaragozana ha recuperado su vivienda, situada en el número 40 de la calle de Eugenio Lucas, tras un procedimiento judicial que culminó con el lanzamiento de la mujer que residía en el inmueble.
Sin embargo, el final de esta etapa no supone el cierre definitivo del conflicto, ya que la deuda acumulada por los impagos y los gastos asociados supera los 21.500 euros, una cantidad que María todavía reclama.
"Han sido unos años muy complicados, pero por fin he podido recuperar mi casa", explica aliviada, según recoge El Heraldo, medio que ha seguido la evolución de su caso.
La resolución judicial se hizo efectiva el pasado 9 de octubre, después de una prolongada batalla en los tribunales. La propietaria vuelve a disponer de su piso, pero afronta ahora el reto de recuperar el dinero que, según las cantidades que reclama, ha dejado de percibir durante este tiempo.
De un alquiler de 600 euros a un conflicto judicial
La historia comenzó en 2020, cuando María decidió trasladarse a Barcelona por motivos personales. Hasta entonces, había vivido durante 15 años en el piso zaragozano, adquirido, según explica, gracias al esfuerzo de cuatro décadas de trabajo y cotizaciones.
Para mantener la vivienda y obtener unos ingresos, optó por alquilarla por aproximadamente 600 euros mensuales. Los primeros inquilinos fueron una pareja joven que permaneció allí durante seis meses sin ocasionar problemas.
El 1 de agosto de 2020, la propietaria formalizó un nuevo alquiler con M. C. S. R., una mujer de 52 años. Durante los primeros años, la relación transcurrió con normalidad y los pagos se efectuaban regularmente. La situación cambió en noviembre de 2024, cuando la arrendataria dejó de abonar las mensualidades y permaneció en el inmueble.
Desde ese momento, María comenzó a acumular pérdidas económicas mientras intentaba recuperar la posesión de su vivienda por la vía judicial. Lo que inicialmente era una fuente de ingresos para la propietaria terminó convirtiéndose en un problema que se prolongó durante meses.
Una factura de agua cercana a los 1.000 euros
Entre los episodios que agravaron el conflicto destaca el consumo de agua registrado en el inmueble. Según relató María a El Heraldo, tuvo que hacer frente a una factura de 979,52 euros correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre.
El recibo, abonado el 16 de marzo, supuso un nuevo golpe para una propietaria que ya soportaba las consecuencias económicas de los alquileres impagados. María atribuyó el elevado consumo a que su antigua inquilina habría dejado los grifos abiertos. La mujer negó que existiera una fuga de agua, según uno de los mensajes de voz que recibió la propietaria y que fueron recogidos por el citado medio.
En el audio, la arrendataria aseguraba que un perito había revisado la vivienda y que no había detectado ninguna fuga. También comunicaba a María que cualquier cuestión relacionada con el conflicto debía tratarse a través de su abogado.
Casi dos años de espera para recuperar el piso
La propietaria recurrió a la Justicia para poner fin a la situación. El asunto llegó al Juzgado de Primera Instancia número 17 de Zaragoza, que ordenó el lanzamiento judicial del inmueble.
La medida se ejecutó finalmente el 9 de octubre, fecha en la que María pudo recuperar la vivienda. El desenlace pone fin a la ocupación del piso, aunque deja pendiente la reclamación económica contra su antigua arrendataria.
La deuda ha ido aumentando con el paso del tiempo. En las primeras informaciones publicadas por El Heraldo, María reclamaba más de 7.000 euros por las mensualidades impagadas. Posteriormente, el importe pendiente se acercó a los 15.000 euros, a medida que se incorporaban nuevos gastos y obligaciones económicas. La cifra más reciente facilitada para este caso, supera a día de hoy los 21.500 euros.
En España, los conflictos de este tipo pueden tramitarse por la vía civil y, cuando concurren los requisitos legales, también pueden tener implicaciones penales. La calificación depende de las circunstancias concretas de cada caso, por lo que no todos los impagos de alquiler constituyen automáticamente un delito de usurpación. En el caso de María, el desenlace llegó a través de una orden judicial que permitió recuperar el inmueble después de una larga espera.
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