En un mercado del alquiler marcado por los precios cada vez más elevados, conocer nuestros derechos como inquilinos es fundamental antes de comprometernos con una vivienda. Y es que firmar un contrato no consiste únicamente en poner el nombre al final de un documento, también supone aceptar unas condiciones que debemos revisar para evitar exigencias abusivas o cláusulas que puedan acabar dándonos problemas.
De hecho, no todo lo que un propietario propone puede incluirse legalmente en un contrato de arrendamiento. El abogado Alberto Sánchez, ha explicado en un vídeo publicado en sus redes sociales tres de las modificaciones que afectan a los contratos de arrendamiento firmados desde el 8 de octubre de 2026. Entre ellas está la prohibición de obligar al inquilino a contratar un seguro de impago, pero también hay cambios importantes sobre quién debe hacerse cargo del IBI y qué ocurre cuando el propietario decide vender la vivienda.
El propietario no puede obligar al inquilino a contratar un seguro de impago
Una de las novedades que más puede interesar a quienes buscan piso de alquiler afecta directamente a los seguros de impago. Algunos propietarios los exigían como condición para formalizar el contrato y trasladaban al futuro inquilino el coste de una póliza destinada a proteger al arrendador frente a posibles mensualidades pendientes.
Esta práctica ya no está permitida en los nuevos contratos de vivienda habitual. El artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), tras la modificación introducida por el Real Decreto-ley 29/2026, establece expresamente que "en ningún caso podrá exigirse al arrendatario la contratación de seguros de impago de renta u otras coberturas análogas".
Eso no significa que el propietario se quede sin mecanismos para protegerse ante un posible impago. La misma normativa mantiene la posibilidad de solicitar garantías adicionales a la fianza obligatoria. En concreto, puede exigir una mensualidad de fianza y hasta dos mensualidades más como garantía complementaria, siempre que se trate de un contrato de vivienda habitual sujeto al límite legal de duración: hasta cinco años si el arrendador es una persona física o hasta siete si es una persona jurídica.
También puede pactarse la intervención de un avalista, que respondería de las obligaciones económicas del inquilino en los términos acordados. Lo que no puede hacer el propietario es imponer que sea el arrendatario quien contrate y pague una póliza de seguro de impago.
El IBI deja de poder repercutirse al inquilino
La segunda modificación afecta a uno de los gastos que tradicionalmente podían aparecer en los contratos de alquiler: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Con la nueva redacción del artículo 20 de la LAU, el propietario ya no puede trasladar este tributo al arrendatario en los contratos nuevos, puesto que el obligado tributario es, por regla general, el titular de la vivienda.
La norma establece que "en ningún caso podrán imponerse los tributos asociados a la vivienda a la parte arrendataria, excepto en los supuestos en los que dicha parte tenga la condición de obligado tributario". Por tanto, desde el 8 de octubre de 2026, los nuevos contratos deben ajustarse a esta prohibición.
Esto no significa que el inquilino quede liberado de todos los gastos relacionados con la vivienda. El propietario puede pactar que asuma determinados gastos generales, como la cuota ordinaria de la comunidad de vecinos, siempre que el acuerdo figure por escrito y se indique el importe anual de esos gastos en el momento de firmar el contrato.
La tasa de basuras también requiere una distinción, ya que no tiene necesariamente el mismo tratamiento que el IBI, ya que en muchos municipios el contribuyente es quien se beneficia del servicio, habitualmente el ocupante de la vivienda. Por eso, habrá que atender a la regulación municipal correspondiente.
Además, los contratos anteriores al 8 de octubre no quedan automáticamente modificados por esta reforma. Si incluían una cláusula válida para repercutir el IBI al inquilino, en principio se mantiene mientras siga vigente el acuerdo, según el análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
El inquilino no puede renunciar a su derecho de compra preferente
La tercera modificación afecta a los propietarios que deciden vender una vivienda que tienen alquilada. Hasta ahora, los contratos podían incluir una cláusula por la que el inquilino renunciaba al derecho de adquisición preferente, también conocido como derecho de tanteo y retracto. La nueva normativa elimina esa posibilidad para los contratos sujetos a la reforma.
Según este abogado, "En este caso, no se puede hacer nada, no hay ninguna cláusula que evite esto". En la práctica, si el propietario decide vender el inmueble, debe comunicarlo formalmente al arrendatario, indicando el precio y las condiciones esenciales de la operación. A partir del día siguiente a esa notificación, el inquilino dispone de un plazo de 30 días naturales para ejercer su derecho de tanteo y comprar la vivienda en las condiciones comunicadas.
También existe el derecho de retracto, que permite al arrendatario adquirir el inmueble en determinadas circunstancias si la venta se ha realizado sin la notificación legalmente exigida o si las condiciones reales de la operación son más favorables que las comunicadas.
La modificación del artículo 25 de la LAU establece expresamente que "las partes no podrán pactar la renuncia del arrendatario al derecho de adquisición preferente". De esta manera, el propietario ya no puede incluir en los nuevos contratos una cláusula que obligue al inquilino a renunciar de antemano a esa posibilidad.
Fotografías | Legalmente.rrss, Drazen Zigic, Magnific
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