Qué puedo hacer si mi vecino pinta su fachada de otro color, según la Ley de Propiedad Horizontal

Cambiar el color de la fachada parece, a simple vista, una decisión menor. Sin embargo, en un edificio sujeto a propiedad horizontal, cualquier modificación visible desde el exterior afecta al conjunto, no solo al propietario que la realiza. 

Por eso la normativa española es tan precisa con este tipo de actuaciones, especialmente cuando alteran la estética del inmueble. El paso del tiempo, la suciedad o la degradación de los materiales pueden hacer necesaria una intervención.

Limitación por ley

Ahora bien, esto no autoriza a cada vecino a actuar a su antojo. La fachada no es un elemento privado y, por tanto, la libertad individual está limitada por la ley y por la obligación de respetar la armonía del edificio.

Comunicar cualquier actuación

El marco legal empieza en el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Este precepto indica que ningún propietario puede modificar elementos arquitectónicos o instalaciones si afectan a la configuración exterior del edificio. 

Esta normativa también obliga a comunicar cualquier actuación al presidente de la comunidad, algo especialmente relevante cuando la obra afecta a zonas visibles desde la vía pública.

La razón está en la propia estructura jurídica del edificio. El artículo 396 del Código Civil define qué son elementos comunes, e incluye de forma explícita "las fachadas, con los revestimientos exteriores (…) incluyendo su imagen o configuración". 

Esto significa que la apariencia del inmueble pertenece al conjunto de propietarios, aunque una terraza o un balcón sean de uso privativo. Por tanto, la decisión de cambiar el color de la fachada nunca puede tomarse de manera unilateral. 

Así, aunque el vecino afectado considere que mejora la estética o que "solo es una pequeña parte", la norma establece que cualquier modificación visible afecta al conjunto del edificio y, en consecuencia, requiere acuerdo comunitario.

Por mayoría cualificada

Ese acuerdo está regulado por el artículo 17 de la LPH, que es clave en este tipo de situaciones. Para aprobar modificaciones estéticas o de mejora, categoría en la que encaja un cambio de color, se necesita una mayoría cualificada de tres quintos del total de propietarios y de las cuotas de participación. Solo alcanzando este umbral la propuesta puede salir adelante.

La ley también distingue entre obras opcionales y obras obligatorias. Si la intervención fuera necesaria por motivos de conservación, seguridad o cumplimiento normativo, el artículo 17 establece mayorías diferentes e incluso contempla casos en los que el acuerdo no es imprescindible. Pero un cambio de color, considerado una mejora o alteración estética, no entra en esa excepción.

Restitución exigible

En la práctica, esto implica que cualquier vecino debe plantear la propuesta en junta, justificarla y someterla a votación. Ni vale un acuerdo informal, ni sirve actuar primero y pedir permiso después. Si se altera la fachada sin autorización, la comunidad puede exigir la restitución a su estado original.

Con esto, la normativa busca algo más que uniformidad estética. Pretende evitar conflictos, mantener el valor conjunto del edificio y proteger derechos iguales para todos los propietarios. Una decisión que afecta a la imagen exterior no puede quedar en manos de uno solo sin poner en riesgo la convivencia.

Por eso la conclusión legal es inequívoca: la fachada es un elemento común y cambiar su color exige seguir el procedimiento previsto. Proponerlo es legítimo; ejecutarlo sin acuerdo, no. Es una cuestión que, más allá del estilo arquitectónico, es puro cumplimiento de la ley.

Foto | Pexels

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